El oficialismo dio el primer paso legislativo para modificar el esquema impositivo de los pequeños y medianos contribuyentes. El Gobierno nacional giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a ensanchar la base de ciudadanos registrados en el Sistema Simplificado de Ganancias y facilitar la canalización de divisas que hoy se encuentran fuera del circuito financiero formal.

El texto ingresado lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello. Este marco promete que el productor, el comerciante y el profesional independiente que hoy enfrentan trabas burocráticas para regularizar su situación contable tendrán la posibilidad de adherir a un régimen menos asfixiante. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo argumentó que con esta reforma “se democratiza el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

La propuesta, que se trabajará en los primeros días de agosto, elimina los topes vigentes que limitaban el ingreso al sistema simplificado únicamente a quienes tuvieran ingresos anuales de hasta 1 mil millones de pesos y un patrimonio inferior a los 10 mil  millones de pesos. A partir de la sanción, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad.

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Límites a la fiscalización y el debate por los funcionarios

Uno de los puntos que promete generar mayor discusión en el Congreso nacional es el alcance de los controles del organismo recaudador sobre los contribuyentes. El proyecto aclara que se mantienen las facultades de fiscalización de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los sectores de mayor capacidad contributiva. Para dar previsibilidad, la norma redefine la figura de la “discrepancia significativa”, el indicador que habilita al fisco a impugnar las declaraciones juradas.

Según el articulado propuesto, esa discrepancia se configurará: “Cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al quince por ciento respecto de lo declarado por el contribuyente”. El texto también incorpora un reaseguro para evitar abusos administrativos al establecer que no se considerará tal diferencia si el contribuyente presenta una declaración rectificativa en un plazo no mayor a quince días hábiles y cancela los saldos correspondientes.

En el plano político, el oficialismo, que cuenta con 95 votos propios, deberá iniciar intensas negociaciones con los bloques del PRO, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal para alcanzar el quorum de 129 diputados. Las conversaciones se anticipan complejas debido a que el proyecto permite el ingreso de funcionarios públicos al régimen simplificado. La polémica se encendió tras conocerse que el ex vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al sistema luego de registrar un crecimiento en su patrimonio personal, un antecedente que los bloques aliados buscarán excluir del texto final durante el debate en comisión.

Controles de lavado y actualización de multas rurales

Asimismo, la reforma estipula estrictas pautas para el movimiento de fondos. El proyecto determina que quienes adhieran al esquema simplificado: “Deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central de la República Argentina y/o la Comisión Nacional de Valores”. Si bien se instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a considerar la adhesión como un antecedente favorable en los controles preventivos, el articulado advierte que la medida: “No exime a los bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes”.

Por otra parte, la iniciativa dedica su segundo tramo a la situación del empleo en el campo y actualiza las sanciones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). El Gobierno nacional justificó la medida al señalar que las multas vigentes sufrieron: “Un severo deterioro en su valor real, perdiendo su naturaleza punitiva y su efecto disuasorio frente a infracciones como la falta de registración laboral en el sector agrario”.

Para corregir este desajuste, el proyecto clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con montos que parten desde los 120 mil pesos y pueden alcanzar los 7,5 millones de pesos por cada trabajador afectado en los casos de omisión total de registro. Asimismo, se introduce un esquema de actualización anual automática indexado por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que comenzará a regir a partir de enero de 2027.