Desde la ONG Bitcoin Argentina evitaron referirse directamente al caso Adorni, pero difundieron un documento que interviene en el debate abierto por las recientes polémicas vinculadas a funcionarios públicos y criptoactivos. “La conducta de una persona, empresa o institución no define las propiedades de una herramienta tecnológica”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que Bitcoin es una red descentralizada y de código abierto cuyo funcionamiento no depende de gobiernos, empresas ni figuras públicas, por lo que consideraron incorrecto atribuirle responsabilidades por las decisiones tomadas por sus usuarios.

Las explicaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen y uso de sus tenencias en Bitcoin abrieron más interrogantes que certezas. Luego de reconocer que acumuló criptomonedas entre 2013 y 2018, aseguró que durante años se olvidó de esos activos y que recién volvió a utilizarlos cuando ya formaba parte del Gobierno nacional. La secuencia llamó la atención no sólo por las inconsistencias temporales y patrimoniales que contiene, sino también porque reavivó el debate sobre la transparencia en la declaración y administración de activos digitales por parte de funcionarios públicos.