El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito y permite dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que quedó bajo la lupa tras revelarse que funcionarios de primera línea del Gobierno habían accedido a préstamos millonarios.

Durante ese período, la entidad concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios. Esto significa que alrededor de uno de cada 23 préstamos fue otorgado a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).

La categoría incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, pero también deja afuera a posiciones relevantes dentro de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal y otros funcionarios de alto rango no integran el universo PEP. En otras palabras, los 1.120 casos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al Gobierno.

En septiembre de 2024, además, el Banco Nación modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares» para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los «cargos políticos designados por resolución o electivos». La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal por estos hechos, que tras una disputa de competencia recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

Hace poco más de un mes, la publicación de «¿Cuánto Deben?», un sitio web creado por el diseñador y especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky que permite visualizar información de la Central de Deudores del Banco Central, dejó al descubierto que un grupo de funcionarios de alto rango había obtenido créditos hipotecarios del Banco Nación por cifras millonarias. Lo que hasta ahora no se conocía era la magnitud total del fenómeno.

Entre los casos más resonantes se encuentran el del director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, que obtuvo un crédito de $510 millones; el del asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, que accedió a un préstamo por $373 millones; el del secretario de Finanzas Federico Furiase, que recibió $367 millones; y el del ex jefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, que obtuvo un crédito por $420 millones y posteriormente fue desplazado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello.

Tras la difusión de esos casos, el Gobierno buscó relativizar el alcance de la polémica. «El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno», sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, la expresión «personas vinculadas al Gobierno» no constituye una categoría utilizada por el sistema financiero. Los bancos sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF y utilizada para aplicar controles reforzados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros puntos.

Por ese motivo, Ámbito solicitó al Banco Nación información específica sobre los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente entre 2024 y 2026. En respuesta al pedido de acceso a la información pública, la entidad confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a integrantes de esa categoría sobre un universo total de 25.391 operaciones.

¿Quiénes son Personas Expuestas Políticamente?
Según la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera, se considera Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes. La nómina incluye al Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales de primera instancia o superiores, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía. También alcanza a sus cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, así como a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años.

La importancia del dato radica en que las Personas Expuestas Políticamente no constituyen una categoría construida para esta investigación. Se trata de una clasificación oficial utilizada por el sistema financiero para identificar a determinados funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a ellos, sobre quienes las entidades deben aplicar procedimientos específicos de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos.

En ese sentido, los 1.120 créditos representan algo más que una suma de casos aislados. No se trata de un relevamiento elaborado a partir de nombres propios o cargos públicos identificados por este medio, sino de una categoría que el propio Banco Nación está obligado a individualizar al momento de otorgar un crédito. La cifra permite, por primera vez, dimensionar el alcance de la operatoria dentro de un universo definido por la regulación financiera.

Los cambios en la normativa del Banco Nación

Otro de los ejes de la discusión gira en torno a las modificaciones introducidas por el Banco Nación durante la gestión de Javier Milei en la línea hipotecaria «+ Hogares».

Quienes cuestionan el otorgamiento de los préstamos señalan que en septiembre de 2024 se actualizó la Resolución 802 para incorporar expresamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» entre los potenciales beneficiarios.

La normativa vigente durante la gestión anterior estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario, pero no contenía esa referencia específica. Ámbito accedió a ambas versiones del documento y pudo constatar las diferencias.

La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Lo que los datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública permiten establecer desde ahora es otra cosa: que detrás de los casos individuales que salieron a la luz en las últimas semanas existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente.