Según informó el portal La Noticia 1, La investigación es encabezada por la fiscal Verónica Marcantonio, quien prevé solicitar en los próximos días la elevación a juicio de la causa luego de recibir un informe médico que confirmó que los efectos de las sustancias presuntamente utilizadas por la acusada coinciden con los síntomas descriptos por las víctimas.

De acuerdo con la pesquisa, Santo contactaba a hombres mediante la aplicación Tinder o lograba acercarse a ellos en comercios y espacios públicos. Tras ganarse su confianza, concretaba encuentros durante los cuales les habría suministrado benzodiazepinas mezcladas en bebidas sin que los damnificados lo advirtieran.

Según consta en el expediente, el fármaco provocaba pérdida del conocimiento, anulación de la voluntad y amnesia posterior. En ese estado de vulnerabilidad, la mujer presuntamente sustraía dinero en efectivo, dólares, joyas, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

Los investigadores también sostienen que utilizaba tarjetas bancarias de las víctimas para efectuar compras y movimientos económicos. En algunos episodios incluso habría recurrido a maniobras extorsivas aprovechando que los afectados no podían reconstruir con precisión lo ocurrido debido a los efectos de la droga.

La situación procesal de la acusada se complicó aún más tras la incorporación de una pericia médica que detalló síntomas compatibles con los testimonios recolectados durante la investigación. El documento menciona mareos, caídas, desmayos prolongados y pérdidas de memoria, elementos que para la Fiscalía refuerzan la hipótesis de que las víctimas fueron intoxicadas de manera deliberada.

Entre los casos analizados figura el de un vecino de Ramallo que debió permanecer internado durante varios días en estado delicado luego de un encuentro con la imputada. Ese episodio se convirtió en uno de los más graves incorporados al expediente.

Las denuncias atribuidas a Santo se registraron en San Nicolás de los Arroyos, Ramallo, Villa Constitución y Rosario. La mujer fue arrestada durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Belgrano de San Nicolás, donde los investigadores secuestraron medicamentos que habrían sido utilizados para cometer los hechos denunciados.
Además, la acusada cuenta con antecedentes y una condena previa por episodios de características similares, una circunstancia que también forma parte del análisis judicial.