A su vez, se fijó un embargo por un monto de 80 millones de pesos sobre los bienes de la empresa para garantizar los futuros pagos e indemnizaciones.

“Esto es algo que nosotros fuimos adelantando porque, previo al comunicado de la empresa de que no iba a seguir, nuestro abogado ya entendía que estas cosas podían pasar. Ganamos tiempo y hoy ya tuvimos respuesta de la Justicia”, detalló el dirigente con alivio, aunque consciente de que la batalla recién comienza.

Contención social
Mientras la burocracia empresarial estira la agonía sin entregar los telegramas individuales prometidos, el sindicato Soimp, en conjunto con la Obra Social del Personal de la Industria Maderera (Ospim) y la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la Argentina (Usimra), montó un esquema de contingencia. 

Durante todo el fin de semana y el lunes feriado por el 25 de mayo, se asistió a las familias de los operarios con módulos alimenticios. Es que dos meses sin cobrar dejó a una posición muy incómoda a todo el personal.

La prioridad absoluta, repiten desde el Soimp, es mantener la dignidad y el sustento de quienes hoy custodian su propio futuro entre paredes vacías.

Situación de la empresa
El conflicto de Linor abrió el debate en la comunidad sobre cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a la maderera de Azara a este callejón sin salida. La pregunta es si fue solamente un problema de crisis macroeconómica nacional o impericia interna. Para Báez, la respuesta no es lineal, pero tiene un componente local ineludible.

El secretario general derribó las justificaciones corporativas apelando al testimonio más honesto que tiene una fábrica, el de sus obreros. “Había comentarios en la sociedad de si esto era una mala administración o una cuestión del contexto nacional. Son un poco las dos cosas, pero la mala administración existió. El trabajador es el testigo diario; ellos saben perfectamente cuándo la mano viene complicada y cuándo no. Y en Linor, las cosas marchaban bien. Hay que hablar con los trabajadores para entender la verdad”, observó.

A la espera de que las cartas sobre la mesa definan el destino de decenas de familias de Azara, los obreros de Linor permanecen en sus puestos. No producen madera, pero sostienen con el cuerpo el derecho a su trabajo y a una indemnización justa. La incertidumbre sigue flotando en el aire, pero ahora, al menos, la Justicia ha puesto un candado provisorio para que el patrimonio no se evapore. 

Se dispararon los concursos preventivos
Más de un 130 por ciento aumentaron las aperturas de concursos preventivos de acreedores sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y el pronóstico indica que este 2026, romperá el récord histórico alcanzado durante la pandemia de Covid-19. Es lo que sostuvo Daniel Rosato presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Le reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la crisis terminal que atraviesan las pymes y exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.

“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor.

Porque estos son sólo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, recordó el presidente de IPA.

En Misiones
Lo que pasa en Caba es similar en muchas provincias, como sucede en Misiones donde a principio de marzo este medio informaba que la crisis desatada en el sector de la construcción en Misiones desde que el gobierno nacional paralizara la obra pública, terminó provocando que grandes maquinarias estén paralizadas, empresas sin actividad en la provincia y con fuertes consecuencias para sobrevivir para diversos sectores, incluido el comercial.

Una herramienta legal
El Preventivo de Crisis de Empresa, más conocido por su sigla PPCE, es un mecanismo legal en Argentina (Ley 24.013), al que recurren los empresarios con dificultades económicas o financieras, para evitar el cierre directo o el cese de trabajadores. 

Entre los que solicitaron ya en diciembre del 2025, figuran Frigorífico El Abasto, Maravilla Regalos, Colchones Taurus y Refrigeraciones Posadas. Después se fueron sumando varias empresas que, para no cerrar de manera inmediata, recurrían al preventivo de crisis.