El fenómeno dejó de ser un efecto colateral para transformarse en una dinámica estructural, con 15 meses consecutivos de caída mensual en la cantidad de firmas activas y 22 períodos interanuales consecutivos en baja.
Solo en el último bimestre de 2025 cerraron 1.562 empresas con al menos un trabajador, mientras que en diciembre se registró la desaparición de 670 firmas.
Un informe de Fundar advierte que la magnitud de la caída ya es comparable con la registrada durante la pandemia. En el último año se perdieron 10.392 unidades productivas, lo que representa una baja del 2,1%, mientras que desde noviembre de 2023 la caída alcanza el 4,4% del total.
De acuerdo con el análisis, se trata de la peor contracción del tejido empresarial en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.
El deterioro del entramado productivo contrasta con algunos indicadores macroeconómicos. Según datos preliminares del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la economía creció un 4,4% durante 2025.
Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en una mejora del empleo. Por el contrario, el empleo registrado cayó un 1% interanual en 2025, lo que implica una pérdida de 106.200 puestos de trabajo en comparación con diciembre de 2024, según datos de la Secretaría de Trabajo basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Desde el inicio del actual gobierno, la caída es aún más pronunciada: se destruyeron 288.815 puestos de trabajo formales, un retroceso que apenas fue compensado por el crecimiento del monotributo.
El deterioro alcanza a distintos segmentos del sector productivo, incluyendo grandes empresas. Casos como el cierre de la planta de FATE en San Fernando, afectada por la pérdida de mercado frente al aumento de importaciones, o los despidos en compañías como Newsan, Whirlpool y Quilmes reflejan la extensión del fenómeno.
Entre los factores que explican la situación, distintos análisis coinciden en tres variables principales: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno.
Según datos del INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (54,1%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como uno de los principales obstáculos para la producción.
En esa línea, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 53,6% en enero, uno de los niveles más bajos para el inicio de un año desde 2002. En diciembre había sido del 53,8%.
Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) también reflejó dificultades financieras en el sector: el 45,6% de las empresas reportó problemas para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su dotación de personal, según una encuesta realizada entre 644 compañías de distintos sectores.
El escenario actual pone en tensión la narrativa oficial sobre una economía en recuperación. Si bien algunos sectores como el agro, el petróleo, la minería y la intermediación financiera impulsaron el crecimiento, esa mejora no se refleja de manera homogénea en el resto de la economía.
Desde distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se introducen cambios en la política económica.
Por su parte, el Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía y apuesta a que la baja de la inflación y la estabilidad generen, con el tiempo, una recuperación más sólida.
Sin embargo, los datos actuales muestran que esa recuperación aún no se percibe de manera generalizada y convive con un deterioro profundo del entramado productivo y del empleo formal.





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