En ese contexto, el acuerdo firmado este viernes por el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, fue seguido de cerca por la Casa Rosada y terminó siendo interpretado como un modelo de referencia para las negociaciones del resto de los gremios.

El convenio finalmente estableció un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, un resultado que alivió al Gobierno luego de que el propio Moyano reclamara inicialmente una suba del 8% y revisiones trimestrales para recuperar poder adquisitivo.

Reforma laboral aún sin reglamentación

La negociación salarial se desarrolla mientras el Ejecutivo trabaja en el decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada recientemente.

Esa reglamentación es clave para habilitar acuerdos salariales por empresa o por región, una herramienta que el sector empresario reclama para adaptar los aumentos a las realidades económicas locales. Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que esa posibilidad aún no puede aplicarse porque la ley no está completamente reglamentada.

Mientras tanto, continúan vigentes las paritarias por actividad a nivel nacional, lo que implica que los aumentos acordados se aplican de manera uniforme en todo el país.

La preocupación del Gobierno

En el Ejecutivo preocupa que algunos acuerdos salariales firmados recientemente superen la pauta inflacionaria prevista por el Gobierno.

Uno de los casos señalados es el del gremio UTEDYC, que acordó un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, distribuido en tres cuotas del 3%, 3% y 3,5%, cifras por encima de la inflación actual.

Desde el Ministerio de Economía ya advirtieron que podrían no homologar acuerdos que excedan el techo salarial, aunque reconocen que será difícil sostener ese límite en un contexto donde la inflación de febrero alcanzó el 2,9%.

“Esperábamos ese dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que preocupa, pero también nos ocupa”, admitió Caputo, quien reiteró su previsión de que la inflación mensual caerá por debajo del 1% en algún momento de 2026.

Empresarios y sindicatos presionan

La falta de reglamentación de la reforma laboral también genera tensiones entre los empresarios. Algunos sectores del interior plantearon a la Secretaría de Trabajo la posibilidad de negociar aumentos diferenciados por región, argumentando que aplicar incrementos nacionales puede resultar inviable para empresas con realidades económicas más complejas. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el Gobierno.

En paralelo, algunos empresarios sospechan que la reglamentación de la reforma laboral se demora por presiones de la CGT, que buscaría influir en el contenido del decreto para moderar cambios que podrían debilitar el poder sindical.

Mientras tanto, el Gobierno intenta mantener el control de las paritarias en un contexto económico que muestra señales de preocupación en el sector privado. Entre los datos que encienden alertas figuran la caída del consumo y el aumento de locales comerciales vacíos, que en enero y febrero crecieron 38,5% respecto del mismo período de 2025.

Aun así, el Ejecutivo enfrenta un escenario sindical relativamente contenido. La CGT se mantiene prácticamente paralizada, mientras que el sector más combativo nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) incrementó sus protestas, aunque todavía sin capacidad suficiente para alterar el equilibrio de fuerzas.

En ese contexto, el acuerdo firmado por Camioneros aparece como un precedente clave para las negociaciones salariales del año.

Fuente: Agencia de Noticias NA