Una presentación con 200 firmas formalizó, este primer lunes de marzo, una queja administrativa que cuestiona el sistema de facturación del servicio de agua potable en la capital misionera. El reclamo rechaza la obligación de pagar por un consumo mínimo que la mayoría de los vecinos no alcanza a cubrir en sus hogares.

Según el planteo entregado al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), y presentado en Gobernación y Vicegobernación de Misiones, el malestar generalizado responde a un esquema que genera deudas por servicios no utilizados y afecta, directamente, a las economías hogareñas.

Marcos Contreras, presidente de la asociación, explicó que el principal punto del reclamo es el “sobreendeudamiento” al que se somete a los vecinos. “Nos cobran por 15 m³ cuando 70 de cada 100, por varios meses, no consume esa cantidad, consume menos. Pero nos obligan a pagar por ese exceso”, cuestionó el referente.

Para la asociación, esta metodología esconde una doble intención. Contreras fue contundente al describir la situación que afecta a miles de familias y que representa una pérdida de al menos 20 mil pesos por factura: “A eso entendemos dos cosas: o nos están diciendo indirectamente que despilfarremos el agua o son cómplices para que nosotros paguemos en exceso por algo que no ocupamos. Por ende, hemos regalado plata o nos la han sacado, como se quiera ver, y eso tiene que ser devuelto a los usuarios de alguna manera”. El petitorio, compuesto por 14 puntos, exige que se sancione al EPRAC y que se instrumenten mecanismos para que SAMSA devuelva el dinero cobrado indebidamente.

Además, los usuarios proponen un cambio estructural en la facturación. Para Contreras, “la mayoría no consume 15 m³”, por lo que solicitan que “se establezca un nuevo sistema escalonado donde determinen que el consumo mínimo sea de 7 m³ y que a partir de ahí empiece un nuevo esquema”.

Aunque la presentación inicial se realizó con 200 firmas por una cuestión de tiempos, Contreras aclaró que la convocatoria sigue abierta para que más afectados se sumen. “Recibimos permanentemente y todos los días denuncias, reclamos y quejas. Es cuestión de sacar la cabeza nada más y ver que el problema no es de ahora del verano, el problema es todo el año”, sentenció.

Ahora, la asociación debe esperar los plazos administrativos, que según la normativa vigente son de 45 días para obtener una respuesta. Sin embargo, advirtieron que la urgencia de los vecinos no puede esperar. “El vecino tiene este problema ayer, necesita soluciones ahora, y si realmente pregonan por previsibilidad y austeridad, tienen que tomar una medida consecuente para que a partir de la factura siguiente empiece a notarse esa diferencia”, concluyó Contreras.

Frente al malestar que motorizó las 200 firmas, la postura de los usuarios se contrapone a lo expuesto por el director de Prestaciones del EPRAC, Maximiliano Toresani, quien desestimó la existencia de un aumento generalizado y atribuyó los montos elevados a problemas técnicos particulares de cada domicilio.

El funcionario, sostuvo que le parece “raro que esto se haya tergiversado de esta manera” y negó que exista un incremento masivo en las boletas, ya que “el cuadro tarifario actual se encuentra vigente desde diciembre sin ninguna modificación”.

Según explicó el director, el organismo solo registró inicialmente el reclamo formal de “siete usuarios dispersos”, a los cuales se les inició un tratamiento individual por tratarse de casos específicos y no de una medida general de la empresa. Por lo tanto, insistió en que los saltos en la facturación responden a situaciones técnicas de cada conexión y no a una política de la prestataria: “Entiendo que habrán acudido a SAMSA directamente porque nosotros no recibimos ese volumen de quejas”, había declarado antes de tener que lidiar con la presentación colectiva que recibió esta mañana.