Una denuncia pública encendió la alarma ambiental en Candelaria, donde se estaría llevando adelante una tala masiva de árboles en la ribera del río Paraná, a lo largo del paseo costanero. El planteo fue realizado por Julio César Ramírez, quien aseguró que obreros de una empresa contratista están arrancando de raíz la vegetación existente en el sector lindante a la calle asfaltada junto al río.

Según el testimonio, la intervención abarca el tramo que va desde las escalinatas del mirador hasta la zona del parque El Puma, con excepción de algunos predios cercados, que —de acuerdo a lo señalado— presuponen una propiedad privada. En el resto del recorrido, los trabajos incluirían derribe de árboles, desmalezamiento de veredas y sendas, y el retiro completo de la vegetación.

Ramírez sostuvo que los operarios le indicaron que la orden recibida fue una “tala rasa” con aplicación de herbicidas, y que la tarea se ejecuta con retroexcavadoras, grúas, motosierras y desmalezadoras, cargadas en camiones que operan de manera continua en la zona.

“Sólo somos contratistas de la EBY y cumplimos con lo que ordena el contrato”, habría sido la respuesta de los trabajadores, pertenecientes a la empresa AGB Construcciones, cuando el denunciante los increpó por el impacto ambiental de las tareas. Siempre según su relato, los árboles que habían crecido de forma espontánea entre los pedregales de la contención fueron arrancados de raíz y retirados del lugar, sin que quedaran rastros de la vegetación previa.

El vecino describió además que al menos la mitad del sector ya fue intervenido, mientras que en el momento de su observación una pala retroexcavadora continuaba extrayendo las últimas plantas que resistían. En ese contexto, uno de los operarios le habría señalado que el único espacio que no sería intervenido es el camping junto a playa Paraíso, mientras que el resto del paseo costero “va a volar”.

La denuncia pone el foco en el valor ambiental de los árboles eliminados, muchos de ellos con aproximadamente una década de crecimiento, que cumplían funciones de protección del suelo, regulación térmica y aporte paisajístico en un área de uso recreativo. Ramírez cuestionó que la intervención responda a un criterio de “progreso mercantilista y ciego”, sin contemplar el impacto ecológico ni social.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la obra cuenta con estudios de impacto ambiental, autorizaciones específicas o planes de remediación, ni cuál es el alcance exacto del proyecto impulsado por la Entidad Binacional Yacyretá en ese sector. La situación reabre el debate sobre el control de las intervenciones en áreas ribereñas y la responsabilidad de los organismos competentes para poner límites a posibles daños ambientales.