“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la central obrera, al término del encuentro. En la conducción cegetista dan por descontado que el oficialismo contará con los votos necesarios para que la iniciativa quede sancionada esta semana.

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Con ese escenario, la CGT descartó convocar a un nuevo paro general, pese al reclamo de los gremios más combativos. La evaluación interna es que una huelga en la antesala de una votación que consideran encaminada tendría escaso impacto sobre la decisión del Senado y un alto costo político. La última medida de fuerza, sostienen, ya dejó una señal política y repetirla no alteraría el resultado legislativo.

La estrategia central pasará por la judicialización de la norma una vez sancionada. La central prepara un recurso de inconstitucionalidad para cuestionar artículos que, según argumenta, vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional. Entre los ejes que analizan los equipos jurídicos sindicales figuran el principio de protección del trabajador del artículo 14 bis y la no regresividad de los derechos sociales.

“Tiene varios puntos que afectan derechos individuales y derechos colectivos, que alteran la representación gremial, pero también los derechos individuales”, detalló Sola. El dirigente también señaló que la CGT realizó “el esfuerzo necesario” para frenar el avance de la ley mediante reuniones con gobernadores, diputados y senadores, pero reconoció que “no ha alcanzado” y cuestionó que “las coincidencias que algunos de ellos tuvieron no se han mantenido en el debate”, en una crítica directa a legisladores peronistas que habilitaron el quórum y luego acompañaron el proyecto.

En el plano económico, Sola remarcó que “desde mayo del año pasado se ha duplicado la inflación” y anticipó que en las paritarias que comenzarán a partir de marzo habrá “espacio de negociación y de lucha”.

La central obrera apunta especialmente a los cambios vinculados con el derecho de huelga, la ampliación del período de prueba y la posibilidad de modificar esquemas indemnizatorios a través de convenios colectivos. También cuestiona la redefinición de conceptos salariales que podrían impactar en el cálculo de indemnizaciones. El planteo se presentará con la intención de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, aun cuando en la conducción admiten que la Corte Suprema podría no frenar la norma en bloque y que muchos reclamos deberán resolverse caso por caso.

En ese marco, los gremios alineados en el espacio más combativo, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), resolvieron avanzar con una movilización al Congreso el viernes, día de la sesión en el Senado, sin paro nacional. La protesta expone diferencias tácticas con la CGT, pero evita una ruptura formal. Algunos sindicatos podrían adoptar medidas propias, como ya anunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La postura de la CGT busca evitar una nueva exposición de tensiones internas entre el sector dialoguista y el ala dura del sindicalismo, ordenar la estrategia en torno de la judicialización y preservar margen de acción para el escenario posterior a una eventual sanción. Dirigentes cegetistas también anticiparon que, si la ley es aprobada, procurarán exponer políticamente a los senadores que acompañen la iniciativa, en especial a aquellos vinculados al peronismo, al considerar que la reforma implica un retroceso en derechos laborales.