Al lado de los letrados, la dirigente de CTA Autónoma y el secretario general de Utem permanecían sentados con guardapolvos blancos y tomaron nota de cada intervención. Cuando tuvieron oportunidad de declarar, decidieron manifestar su rechazo a la causa y, en conjunto, esbozaron el escenario social y económico que, según defendieron, los motivó a salir a las calles.

Gurina argumentó que el acampe fue resultado de incumplimientos en el acta de acuerdo docente firmado en octubre del 2023 y ante falta de una recomposición salarial: “Firmamos un acuerdo con la patronal que elevaba nuestro salario, y en el primer párrafo decía que no iba a haber sanciones administrativas ni judiciales”, recordó.

Con una inflación acumulada del 115% desde ese momento hasta la fecha de las protestas, la docente dijo que se tomaron medidas ante una propuesta de aumento del 13% y ante lo que acusó como falta de respuestas de parte de los organismos provinciales. “Nunca nos respondieron una nota: fuimos a medios de comunicación, enviamos notas”.

Para la imputada, el acampe “fue el más fiel ejercicio del derecho a la protesta”. Casi mismo pesar compartió Leandro Sánchez, quien reclamó que aquello “no fue el resultado de nuestras acciones, fue el plan socioeconómico de Javier Milei que nos llevó a la calle y que está condimentado con las acciones del gobierno provincial”.

El docente radicado en Oberá enumeró lo que los llevó a hacer paro y coincidió en la falta de respuestas institucionales: “Mandamos notas, salimos por la prensa... Para nosotros no era sólo el salario, también es por los chicos: hoy los pibes que van a comer en la escuela comen con 500 pesos por día. ¿Qué se compra con 500 pesos?”, cuestionó.

Señaló que la decisión de cortar calles es la última, entre las opciones que se piensan y deciden en asambleas docentes. “Si bastara con una nota, iríamos por ese camino siempre. Porque no es solamente que no sabemos qué hacer, son las situaciones que nos plantean los docentes, con hijos en la universidad y de no saber cómo se la van a pagar”, añadió. “La situación económica y la falta de respuestas nos empujaron a la calle”.

Primeros testigos

Carlos Lezcano, docente de Jardín América, reconstruyó qué había hecho el grupo de docentes en lucha aquel 1 de junio, día en que llegó la orden de desalojo. “Teníamos mesa de diálogo en Eldorado con el gobierno provincial, estábamos en asamblea en Jardín América”.

Precisó que para sostener la reunión, “nos piden que se levante el acampe”, algo que acataron, dijo. “La que actuaba de mediadora de la Policía aparece en Cerro Azul y nos dice que estaba garantizada la reunión, pero antes de la reunión de la tarde el acta ya estaba firmada”, cuestionó.

En Eldorado, recordó, “estaban los docentes en lucha en unidad. Pero no hubo acuerdo y después nos convocan al 7 de junio y ahí si firmamos el acuerdo, ahí hubo un compromiso del gobierno de que no iba a haber sanciones administrativas y el gobierno se compromete a corregir el salario docente: no cumplió nada”, criticó.

Ante la consulta de la Fiscalía sobre si, antes del corte de calle, se habían pensado otras alternativas como medida de fuerza, Lezcano señaló que “en asamblea, sobre el puente Garupá, se votó acompañar el acampe de la Policía” y remarcó: “La calle estaba cortada por la Policía, no por nosotros”.

Para el maestro, “no veo delito” y argumentó que “en un contexto de desesperación y si llegado el momento, hasta en expresiones públicas, no se tienen respuestas, qué lucidez humana estará pensando si se comete o no un delito”.

Al ser preguntado sobre si Gurina y Sánchez trabajaron en calidad de “líderes” de la protesta, negó: “No existe un líder, es un debate profundo en el que se votaron ideas y se elige en mayoría qué acción realizar. No hay alguien que diga “hacemos esto”: lo que la mayoría decide se acata”.

La razón de ser de esa dinámica en la toma de decisiones la ejemplificó con la magnitud del acampe de 2024: “Eran miles de docentes y hacíamos turnos rotativos los del interior. En Eldorado, por ejemplo, había un acampe gigante, por razones logísticas y de plata”.

Salir a la calle

Genesini fue la segunda y última testigo del día, quien compartió que la decisión de determinadas medidas de fuerza corresponden al clima social y económico del sector. “Cuando salimos a las calles, es el último recurso, porque los compañeros no dan más”, subrayó.

Para la dirigente de Udnam, el acampe del 2024 fue consecuencia de ausencia institucional. “Aparece rápida la respuesta cuando la comunidad sale a la ruta o toma la escuela, y no debiera ser así. Cuando eso pasa, los funcionarios mandan a resolver los problemas”, ironizó.

Coincidió con los pedidos de salario, infraestructura, comedores y en la lucha contra la corrupción del sistema educativo, según describió. También contó que habían analizado dónde quedarse y que en asamblea se resolvió ir a la avenida Uruguay.

Al ser consultada sobre el rol de los acusados, dijo que “ni Gurina ni Sánchez tienen la potestad de que se haga una u otra cosa. La mayoría votó, y como nos manejamos en asamblea, dejamos de lado las cartas orgánicas y las supeditamos a lo colectivo”.

La docente lamentó como “injusto” que se procese “a dos personas que no influyeron para nada en estar o salir de ahí. A lo mejor hubieran querido salir antes”.

Ante la consulta de la defensora Rivas sobre si conocía de alguna notificación de desalojo con fecha del 1 de junio, dijo no recordar que a Gurina o a Sánchez los hayan citado.