La discusión por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sumó un nuevo frente de conflicto dentro del Gobierno. Patricia Bullrich pretende introducir modificaciones al proyecto impulsado por Santiago Caputo, especialmente en los artículos que establecen sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La iniciativa todavía no consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo no alcanzara el quórum necesario para tratarla en la última sesión especial. Ahora, las objeciones del sector de Bullrich anticipan nuevas negociaciones antes de que el texto pueda avanzar hacia el Senado.
Desde el entorno de la senadora cuestionan especialmente el impacto económico de algunas disposiciones. Advierten que las restricciones podrían alcanzar a compañías argentinas que mantienen relaciones comerciales con empresas radicadas en el Reino Unido, debido a la participación de accionistas o a sus vínculos empresariales.
En ese espacio consideran que el esquema necesita otra revisión para evitar consecuencias sobre firmas nacionales. También sostienen que las observaciones no responden necesariamente a una disputa interna con el asesor presidencial.
El texto original atravesó distintos cambios durante su tratamiento parlamentario. Entre las últimas modificaciones incorporadas por La Libertad Avanza figura la exclusión del Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional, aunque podría participar en determinadas circunstancias.
También se acotaron las conductas que podrían encuadrarse como delitos de injerencia extranjera en procesos electorales, en medio de cuestionamientos por el alcance de las disposiciones y sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y de prensa.
El PRO, por su parte, había planteado reparos al capítulo que contemplaba sanciones relacionadas con la actividad periodística y reclamó mayores precisiones en distintos artículos.
Las objeciones sobre el impacto empresarial tampoco son nuevas. A fines de octubre, durante su visita a Buenos Aires, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había manifestado el interés de Washington por el proyecto y por las consecuencias que podría tener sobre sus compañías.
Frente a esas observaciones, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la iniciativa no estaba dirigida contra ninguna empresa en particular. Posteriormente, el Gobierno modificó el alcance de las sanciones previstas.
En la Casa Rosada interpretan la postura de Bullrich como un nuevo episodio de las diferencias con Santiago Caputo. La relación entre ambos sectores ya había quedado expuesta tras el fracaso de la sesión en Diputados, cuando el asesor presidencial cuestionó a distintos actores políticos por la falta de quórum.
En el entorno de Caputo también observan con desconfianza el acercamiento de Bullrich a referentes del sector de los Menem. Sin embargo, desde el espacio de la senadora rechazan que sus planteos tengan como objetivo perjudicar al asesor presidencial y aseguran que las modificaciones responden a diferencias concretas sobre el contenido de la ley.
La iniciativa deberá volver a reunir apoyos en Diputados antes de continuar su recorrido parlamentario. Mientras tanto, el oficialismo también tiene pendiente la organización de nuevas sesiones, con el tratamiento del Presupuesto 2027 previsto para el 25 de noviembre.





