El primer avance se produjo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Bertie Benegas Lynch. El oficialismo consiguió 27 firmas sobre los 48 integrantes del cuerpo: 20 correspondieron a legisladores de La Libertad Avanza y las siete restantes a representantes de fuerzas aliadas.
El respaldo llegó después de varias semanas de negociaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Provincias Unidas y Argentina Federal.
Para conseguir los apoyos, el Gobierno aceptó modificar distintos artículos del proyecto original. Uno de los principales cambios fue la eliminación de los artículos 36 al 41, que derogaban disposiciones vinculadas con la emergencia en discapacidad. La modificación respondió a un reclamo del PRO y el MID, que habían condicionado su acompañamiento a que se garantizaran los recursos para sostener las prestaciones.
Otro de los puntos de negociación fue el financiamiento de las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama 11 billones de pesos para el funcionamiento del sistema durante 2027, mientras que el proyecto original contemplaba 7,3 billones.
En ese contexto, el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, reclamó partidas adicionales para las universidades y el área de Ciencia y Técnica.
También se incorporaron pedidos de distintos sectores productivos y gobernadores. Entre ellos, la prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, que contempla beneficios impositivos como la devolución acelerada del IVA, amortización anticipada en Ganancias y retenciones cero para las exportaciones.
Además, el Gobierno aceptó reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a los huevos y sus derivados, un planteo impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
En materia de infraestructura, se avanzó en compromisos vinculados con obras públicas provinciales, aunque todavía no se precisaron los proyectos, los montos ni la distribución territorial de los recursos.
También se acordó regularizar las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y habilitar operaciones de financiamiento porteño con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Por otra parte, ante los reclamos provinciales por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el oficialismo propuso avanzar con acuerdos bilaterales con cada distrito, en lugar de establecer una reducción general.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial estimado en $1.847,60 para diciembre del próximo año. El objetivo central del Ejecutivo es sostener el superávit fiscal.
Con el dictamen de mayoría obtenido, el Gobierno buscará llevar la iniciativa al recinto el miércoles 25 de noviembre. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo y preparan dictámenes propios, con cuestionamientos a las partidas destinadas a discapacidad, universidades, salud y jubilaciones.
Mientras avanzaba la negociación presupuestaria en Diputados, La Libertad Avanza enfrentaba otro escenario en el Senado, donde buscaba conseguir dictamen para su proyecto de reforma política.
La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027.
Sin embargo, el oficialismo no logró reunir las adhesiones necesarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, y solicitó un cuarto intermedio para continuar las negociaciones.
La discusión se retomará este miércoles, con la intención de alcanzar un acuerdo que permita firmar el despacho y habilitar el tratamiento en el recinto.
El escenario en la comisión es complejo. Está integrada por seis representantes de La Libertad Avanza, seis legisladores dialoguistas, la senadora Carolina Moisés y seis integrantes del bloque kirchnerista.
Para conseguir el dictamen, el oficialismo necesita sumar el acompañamiento de al menos cuatro legisladores por fuera de su propio espacio.
Entre los senadores que aparecen en las conversaciones están los radicales Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Eduardo Vischi, de Corrientes; la justicialista Alejandra Vigo, de Córdoba; y Beatriz Ávila, de Tucumán.
También forman parte de las negociaciones Carlos Espínola, Flavio Fama y Carolina Moisés, aunque sus posiciones no estaban aseguradas.
En las conversaciones con los bloques aliados, el Gobierno habría aceptado modificar el alcance de su propuesta original. En lugar de eliminar definitivamente las PASO, el nuevo planteo contempla suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027, mediante una disposición transitoria.
La negociación también incluye otros puntos reclamados por sectores aliados, entre ellos la posibilidad de incorporar las denominadas listas de adhesión o colectoras, una herramienta electoral que permitiría que distintas listas legislativas acompañen una misma candidatura ejecutiva.
Además, se analizaba la posibilidad de incorporar disposiciones vinculadas con Ficha Limpia.
El oficialismo buscaba cerrar el acuerdo durante las próximas horas para conseguir el dictamen este miércoles. Si logra ese objetivo, la iniciativa podría quedar habilitada para su tratamiento en el Senado el jueves 26 de noviembre.
De esta manera, el Gobierno enfrenta dos negociaciones legislativas en paralelo: mientras consiguió reunir los apoyos para avanzar con el Presupuesto 2027 en Diputados, todavía debe resolver las diferencias con los bloques dialoguistas para impulsar la reforma política en el Senado.





