El Gobierno de Misiones volvió a tomar una decisión política frente a una conducta considerada incompatible con las responsabilidades de la función pública. Esta vez, el desplazado fue Joaquín Montenegro, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Coordinación General del Ministerio de Coordinación de Gabinete y fue apartado de su cargo luego de ser sorprendido conduciendo alcoholizado una camioneta oficial en la ciudad de Oberá.

El episodio ocurrió este domingo 1 de noviembre, alrededor de las 6, durante un control de tránsito en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertad. El test de alcoholemia realizado a Montenegro arrojó 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras conducía una Toyota Hilux, perteneciente al Estado provincial.

Tras el resultado positivo, personal de la Dirección de Tránsito Municipal procedió a retener el vehículo y trasladarlo mediante una grúa al corralón municipal. El operativo contó con la cobertura de efectivos de la Unidad Regional II.

La decisión de apartarlo del cargo se inscribe en una serie de antecedentes que permiten observar un cambio de criterio dentro del Gobierno provincial: la conducta de quienes ocupan responsabilidades públicas también forma parte de la evaluación política de una gestión que busca poner el acento en la transparencia, la austeridad y la responsabilidad institucional.

Uno de los antecedentes más resonantes ocurrió en febrero de este año, cuando el gobernador Hugo Passalacqua dispuso, mediante el Decreto 252, el desplazamiento de Karina Mabel Acosta, directora de Turismo Social. La funcionaria había quedado en el centro de las críticas tras viralizarse videos de sus vacaciones en Cancún, donde realizó comentarios despectivos hacia las personas de menores recursos. El Gobierno resolvió dejar sin efecto su designación y eliminar el cargo del organigrama.

Otro episodio se produjo en junio, cuando Evelin Escalada dejó la presidencia de Silicon Misiones luego de la polémica generada por su viaje a Miami, en coincidencia con el Mundial de Fútbol 2026. La controversia se instaló en un contexto de restricciones económicas y reclamos de austeridad, y desde el propio gabinete provincial se planteó la necesidad de que los funcionarios mantuvieran el foco en la gestión y las responsabilidades públicas.

Ahora, el caso Montenegro suma un nuevo capítulo a esa línea de decisiones. A diferencia de los anteriores, esta vez el episodio involucra directamente el uso de un vehículo oficial y una infracción grave de tránsito, con un nivel de alcoholemia que expone la gravedad de la conducta